Publicado: 12 Enero 2013 | 02:17pm
La Fiscalía colombiana ordenó ayer que se realicen 21 pruebas para establecer si el ex presidente colombiano participó en el armado y funcionamiento de grupos paramilitares cuando era gobernador del departamento de Antioquia, en el marco de la reapertura de un proceso judicial en su contra.
Para eso, el fiscal delegado ante la Corte Suprema del país, Roberto Arturo Puente, le ordenó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que obtenga información sobre la conformación de las organizaciones paramilitaresque surgieron durante la década de los 90 en Antioquia, uno de los epicentros de esta actividad ilegal y condenada por organizaciones de derechos humanos por delitos de lesa humanidad, como masacres y torturas.
Entre otras acciones, Puente pide que se verifiquen las declaraciones y antecedentes sobre un organización paramilitar que habría sido armada después de que miembros de la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional tomaran la hacienda Guacharacas (propiedad de la familia de Uribe) y la incendiaran.
Según el testimonio de Pablo Hernán Sierra, ex comandante del bloque Cacique Pipintá, esta agrupación de “autodefensas” fue fundada por el ex presidente y su hermano Santiago Uribe, entre otros, afirmación que también es respaldada por Juan Guillermo Monsalve Pineda, hijo del administrador de la hacienda Guacharas.
Ante el testimonio de estos dos ex integrantes del grupo, el fiscal le dio 60 días al CTI para que recabe datos sobre los vínculos de Uribe con esta organización, que es acusada de la masacre de Providencia de 1996 y la desaparición de ocho comerciantes del departamento de Antioquia.
Además, según esta versión, Uribe habría participado de esta organización paramilitar que aprovechó la figura de los Convivir para legalizar sus actividades, ya que gracias a una ley sancionada por el ex presidente César Gaviria se permitió la creación de grupos civiles de seguridad rural, lo que para el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, facilitó el blanqueamiento de paramilitares.
Con este fin es que se pidió que se revise los archivos de la Corte Suprema de Justicia del país, así como la tarea de la Unidad de Justicia y Paz, establecida durante la era de Uribe en el marco de la ley de justicia y paz sancionada para promover la desmovilización de paramilitares.
Por otro lado, este proceso judicial contra Uribe fue reabierto luego de la aparición de los testimonios de Sierra y Pineda, quienes fueron entrevistados por el congresista del Polo Democrático Alternativo, Ivan Cepeda.
Sin embargo, el ex presidente sostuvo que la reapertura de este juicio, que fue cerrado parcialmente en 2000, es parte de una “venganza criminal” contra su persona, y remarcó que los dos testimonios están “manipulados”.
Esta no es la primera vez que se ponen en duda los vínculos de Uribe con paramilitares ya que hace poco tiempo fue condenado el jefe de seguridad durante su gestión presidencial, el ex general Mauricio Santoyo , por apoyar a paramilitares a cambio de dinero.
Además de esto, en el último tiempo han sido condenados o enjuiciados una decena de funcionarios y parlamentarios cercanos a Uribe por nexos de este tipo. Uno de los casos más conocidos es el de su primo, el ex senador Mario Uribe Escobar.
Entretanto, que el ex jefe de las AUC, Mancuso, resaltó que el ex primer mandatario alcanzó la presidencia en 2002 con la colaboración de su organización.
Por otro lado, una parte de los paramilitares fueron desmovilizados durante la era de Uribe; mientras que otra continúa activa bajo la denominación de Bandas Criminales(Bacrim), y se estima que son los culpables de la mayoría de asesinatos, masacres y torturas realizadas en el país durante 2011, según la Comisión Colombiana de Juristas.
La Unidad de Justicia y Paz estima que entre 2005 y 2011 fueron los responsables de 39.546 crímenes, entre los que se encuentran 25.757 homicidios y 1.046 masacres. También se los acusa de haberse quedado con la mayoría de las tierras que dejaron atrás los 5,5 millones de desplazados por el conflicto colombiano.
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