El diputado de Primero Justicia (PJ) por el estado Aragua, Richard Mardo, acude este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se llevará a cabo la audiencia por el caso de corrupción al que está vinculado.
El pasado 3 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó, durante una sesión plenaria del Parlamento, una serie de cheques y resguardos de transferencias presuntamente a nombre del candidato opositor para la gobernación de Aragua, Richard Mardo, utilizados para financiar su campaña. Recursos que no fueron declarados ante el CNE ni ante el fisco.
A estas acusaciones el ex candidato aragüeño insinuó que respondían al interés de sacarlo de la carrera electoral, y de ser una represalia por no querer pasar a las filas del chavismo.
Argumentos sostenidos hasta hoy, cuando al llegar al TSJ declaró: “Si yo no fuera un diputado opositor, esta audiencia no se estaría efectuando (…). Lo único que se busca con este antejuicio de mérito es sacarme del juego electoral”.
Días después que se hizo pública la denuncia, el diputado justiciero realizó una rueda de prensa donde no negó haber recibido los pagos, sino que los justificó uno a uno, argumentando que habrían sido utilizados para obras benéficas. Tampoco negó el hecho de no haber declarado los recursos como parte de su campaña.
En argumentos esgrimidos posteriormente, el dirigente de PJ ha señalado que los cheques presentados fueron forjados y que no tiene nada que temer.
La corrupción en la oposición
Además del caso Mardo, durante los últimos meses han salido a la luz varios casos de corrupción a los que están vinculados dirigentes de la oposición, que aparecen como una conducta reiterada y consecuente de este sector político.
Entre los más destacados se encuentra el del parlamentario, ex militante de PJ, Juan Carlos Caldera, quien aparece en un video recibiendo dinero (30 mil bolívares) en un sobre para concertar una reunión con el, para entonces, candidato presidencial de la oposición y un empresario.
A su vez, el ex gobernador zuliano, Pablo Pérez, está señalado por una serie de irregularidades entre las que se encuentran mal manejo presupuestario, gastos no presupuestados, la disminución en la nómina de policías, educadores y médicos en la entidad, el alto gasto publicitario en su imagen con recursos de la gobernación, entre otras, por las que está siendo investigado en la actualidad.
Otro ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, se encuentra prófugo de la justicia venezolana, después de que fue acusado por estar vinculado a hechos de corrupción. Algunos de ellos: la adquisición de inmuebles en Estados Unidos, presuntos vínculos con empresas internacionales de seguros favorecidas con contratos durante su gestión, y regalos costosos como pago de favores a empresarios.
Caso similar es el del ex gobernador del estado Táchira, que está señalado de cometer una serie de irregularidades durante su mandato. El Consejo Legislativodel estado andino solicitó a la Comisión de Contraloría de la AN que se realice una investigación exhaustiva de la gestión de Vivas, a la que la diputada al CLT, Zoraida Parra, calificó como “el desfalco más grande de la gobernación del estado Táchira bajo la modalidad de nómina paralela”.
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