Publicado: 29 Abril 2013 | 11:17 p.m
Las Organizaciones No Gubernamentales, movimientos sociales y expresiones del Poder Popular, FUNDACIÓN LATINOAMERICANA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOCIAL (FUNDALATIN), la EMBAJADA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA LA EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y DEFENSA EN DERECHOS HUMANOS, MOVIMIENTO ALUMNOS PARA LOS ALUMNOS (APLA), MOVIMIENTO CIMARRON, LA ARAÑA FEMINISTA y los colectivos que integran, presentan sus atentos saludos al honorable pueblo de Venezuela, al hacerle extensivos los afectos de solidaridad y fraternidad del voluntariado que por vocación y altruismo forma parte de esta gran familia, y a su vez considera propia la ocasión para hacer del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, sobre su contundente y absoluto rechazo ante las conductas y los hechos de violencia acontecidos en los distintos espacios del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, durante los días 15, 16, 17, 18 y 19 de abril de 2013, donde la determinante irresponsabilidad de representantes políticos adversos al actual gobierno constitucional, esgrimieron llamados públicos a través de medios masivos de comunicación televisiva, radial, electrónica e impresa, para desconocer la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano con ocasión a los resultados del proceso electoral del día 14 de abril, donde resulto favorecido el ciudadano Nicolás Maduro como Presidente de la República.
Hemos observado como una necesidad acuciante, el coto a las conductas públicas de intolerancia política que propician la segregación de los distintos sectores y estratos que conforman la Nación venezolana. Mayor relevancia representan los eventos producidos luego de la Proclamación del Presidente Maduro ante el Poder Electoral, tan graves y preocupantes, como la quema de un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y el asedio a diversos centros hospitalarios de la Misión Barrio Adentro, atendidos por médicos venezolanos y cubanos, lo cual representa un rasgo evidente de actitud inhumana, violenta y xenófoba que no se corresponde con la actitud de un pueblo con cultura de paz y de tradición acogedora como lo es la del venezolano. Vergonzosamente se suma a esos incidentes de violencia el asedio efectuado las sedes del PSUV, a los hogares de sus partidarios, y a la Rectora Tibisay Lucena y sus familiares.
Se rechaza absolutamente las acciones que mas allá de la apología al delito y de los atentados a la integridad física, se concretaron en al menos sesenta y un (61) heridos y nueve (9) hechos de muerte que enlutaron a familias y a una Nación entera. Por cuanto dichas conductas se corresponden con los tipos penales previstos en nuestro ordenamiento jurídico como delitos, y más allá en el derecho internacional en violaciones a los derechos humanos e incluso en lo estipulado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como un Crimen, lo cual, la historia nos hace recordar el caso de Ruanda donde el papel de los medios de comunicación y sus operadores cumplen un papel preponderante e incidente en la conducta de las personas, donde en lugar de hacer los llamados a la paz y a la conciliación se propende al odio, violencia y confrontación.
Es por tal sentido, que las organizaciones que representamos acuerdan el presente manifiesto, en los siguientes términos:
PRIMERO: Condenar el llamado a la insurrección y a la violencia en la Nación Venezolana, así como sus consecuencias xenófobas, racistas, machistas, y de atentados a los derechos a la vida, a la integridad física, a la libre asociación a los partidos políticos, a la propiedad, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de centros de salud al servicio de las comunidades. Lo cual constituye una amenaza latente y requiere una rápida intervención y solución con la participación del Poder Público y la voluntad de todos los sectores de la sociedad venezolana.
SEGUNDO: Otorgar nuestras más sentidas palabras de condolencias y de solidaridad a las familias de las víctimas de los recientes hechos de violencia por intolerancia política en el país, así como el reconocimiento y plegaria que elevamos a nombre de las víctimas de dichos sucesos.
TERCERO: Celebrar el respeto a la institucionalidad donde debe privar la tolerancia, fundamentalmente en apego al Ordenamiento Jurídico Venezolano vigente y los órganos que conforman el Poder Público. En plena correspondencia con el pronunciamiento de las y los acompañantes internacionales presentes durante la celebración del proceso electoral, así como el reconocimiento y respaldo efectuado por las Jefas y los Jefes de Estados y de Gobiernos de diversas latitudes del continente y del mundo, así como de la OEA, UNASUR, CELAC y el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), al Poder Electoral, a la normativa electoral venezolana y a sus procedimientos.
CUARTO: Instar a la correspondencia de los sectores políticos del país con ocasión a su participación en el proceso electoral del pasado 14 de abril de 2013, toda vez que es una costumbre poco inveterada el hecho de desconocer el triunfo del adversario y el respeto hacia las instituciones, al orden constitucional y al Estado de Derecho y de Justicia. Eventos que deslucen la trayectoria democrática que la población venezolana quiere mantener en su rumbo de transformación social, incluyente, constructora de paz, en defensa de los Derechos Humanos y de la Madre Tierra. Siendo propicia la ocasión para manifestar en nombre de las expresiones y movimientos del Poder Popular que representamos para reconocer la encomiable, ecuánime y transparente labor del Consejo Nacional Electoral, sus rectoras, rectores, directivos, empleadas, empleados, obraras y obreros.
QUINTO: Hacer votos por la conciliación de los sectores políticos y el establecimiento de mecanismos discursivos y de diálogo que permitan enrumbar los destinos del país en el marco del Estado de Democrático y Social de Derecho y de Justicia que propugna nuestra Norma Suprema.
SEXTO: Exhortar al pueblo venezolano dar un uso honesto y crítico de las redes sociales al igual que de los medios de difusión y las tecnologías de la información y comunicación de modo que se empleen e instrumenten como mecanismos orientados a la información veraz y no con el objeto de tergiversar la verdad y la perspectiva pública de la realidad del País, para lo cual es necesario contextualizar las situaciones recientemente acontecidas, sus protagonistas y consecuencias, procurando el pluralismo informativo. En tal sentido, reconocemos y valoramos los esfuerzos del Estado venezolano por la protección del Derecho a la Vida y a la propiedad frente a los crímenes instigados políticamente que no deben quedar impunes.
SÉPTIMO: Condenar la censura de los medios difusivos, por cuanto la libertad de expresión no ha de suprimir el derecho del pueblo a estar informado de manera ética, veraz, oportuna y transparente, por lo cual exigimos respeto a los medios comunitarios, libres y alternativos, a sus trabajadoras y trabajadores.
OCTAVO: Reconocer y destacar que el pueblo venezolano tiene dignidad y desde la misma son defensoras y defensores de la cultura de derechos humanos, a través de sus acciones. Los Derechos Humanos le pertenecen al pueblo y estos se expresan en toda su diversidad, nadie los puede privatizar, restringir, mediatizar ni desarticular. Por lo que a través de la presente, destacamos que somos expresiones que representan parte del Poder Popular y que por consiguiente invita a todas las organizaciones y movimientos de derechos humanos del continente y del mundo para mancomunar esfuerzos en pro del fortalecimiento de la cultura de paz respetuosa de los derechos humanos.
NOVENO: Incoar ante los entes y organismos nacionales e internacionales los procedimientos y procesos correspondientes para tomar con prontitud las medidas pertinentes dirigidas a la determinación de responsabilidades individuales a que haya lugar, con el objeto de que las mismas den garantía de no impunidad y a su vez puedan coadyuvar a la garantía de no repetición de los hechos. Motivo por el cual se acudirá ante los organismos nacionales e internacionales de carácter multilateral como la Organización de Estados Americanos (OEA), y los nuevos mecanismos de protección y promoción de derechos humanos creados en el marco de los sistemas de integración regional y subregional como la CELAC, UNASUR, MERCOSUR y ALBA.
DÉCIMO: Solicitar audiencia a la Defensora del Pueblo para entre todas y todos abordar los temas aquí expuestos y profundizar la cultura de Derecho Humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
Finalmente, invitamos al Pueblo de Venezuela, para hacer de esta iniciativa una nueva oportunidad para reforzar los valores democráticos de apego a las instituciones y al orden constitucional, así como de respeto, paz y amor por sus semejantes donde la humanidad, sus principios y valores deben prevalecer ante cualquier circunstancia o desavenencia.
Finalmente, invitamos al Pueblo de Venezuela, para hacer de esta iniciativa una nueva oportunidad para reforzar los valores democráticos de apego a las instituciones y al orden constitucional, así como de respeto, paz y amor por sus semejantes donde la humanidad, sus principios y valores deben prevalecer ante cualquier circunstancia o desavenencia.
Por la Comunidad Ecuménica de FUNDALATIN:
Por la Embajada de los Derechos Humanos:
Por la Embajada de los Derechos Humanos:
Hna Eugenia Russian
Presidenta de Fundalatin
Presidenta de Fundalatin
Dr. Fernando Javier Bello Salas
Presidente
Presidente
Ing. Guido Zuleta Ibargüen
Asesor Docente
Asesor Docente
Dr. Luis Carlos Osio
Director Ejecutivo
Director Ejecutivo
Padre Pablo Urquiaga
Por la Coordinación Nacional de la ARAÑA FEMINISTA:
Por la Embajada de los Derechos Humanos:
Por la Coordinación Nacional de la ARAÑA FEMINISTA:
Por la Embajada de los Derechos Humanos:
ALBA CAROSIO
Equipo de Coordinación Nacional
Equipo de Coordinación Nacional
Asdrúbal González
Presidente de APLA
Presidente de APLA
Joel Pantoja
Movimiento Cimarron
Movimiento Cimarron
1. Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social. Se creó en Caracas en 1978 por cristianos latinoamericanos con su actual Presidente Honorario Pbro Juan Vives. (Sembrado Solidariamente en su Pueblo en 2004) ante un continente bajo dictaduras militares que practicaban el terrorismo de Estado “para salvaguardar - decían - la civilización occidental cristiana amenazada por el marxismo”. Recibió el premio Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas 1987.
2. La EMBAJADA DE LOS DERECHOS HUMANOS, es una organización sin fines de lucro, constituida formalmente por un equipo multidisciplinario de profesionales, técnicos y activistas en derechos humanos, con el objeto de contribuir a la construcción de una cultura crítica y liberadora de derechos humanos a través del estudio, capacitación, promoción, difusión, cooperación en la materia, así como de la defensa de las personas en materia de derechos humanos, en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y ante los organismos multilaterales, una vez cumplidos los procedimientos internos correspondientes para su legitimación; así como el desarrollo de todas aquellas actividades relacionadas con la investigación, enseñanza, promoción, edición y difusión de los valores y principios inherentes al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y los derechos humanos.
Desde un punto de vista pluridisciplinar, con las líneas de trabajo proyectadas en pro de la Justicia Social y la Paz, primordialmente de las personas en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación. Nuestros objetivos comprenden el fomento, impulso y promoción de la educación en derechos humanos y la investigación académica, dirigidos a las expresiones del Poder Popular y a las servidoras y servidores dependientes de entes y organismos públicos y privados; así como la cooperación y asistencia a Universidades, Centros de Estudios, Academias Científicas, Instituciones del Estado, la Administración Pública Central o Descentralizada Funcionalmente, y todos aquellos entes u organismos, públicos o privados, nacionales e internacionales, que requieran nuestra participación en estudios o tareas relacionados con los fines fundacionales. Se trata de una organización de carácter progresista, con independencia de criterio y autonomía funcional, en correspondencia con los postulados ideológicos de los nuevos procesos constituyentes desarrollados en América Latina, con la finalidad académica prevista en sus Estatutos y de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano vigente.
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