Publicado: 13 Febrero 2013 | 10:35 p.m.
Las sospechas de corrupción siguen asediando hoy al expresidente de Perú Alan García, con nuevas denuncias sobre sus ingresos y los de un miembro de su entorno. El presidente de la comisión parlamentaria que investiga casos de posible corrupción bajo su último gobierno(2006-2011), Sergio Tejada, reveló que García recibió, tras dejar el cargo, 60 mil dólares de la empresa española Endesa, por ofrecer una conferencia.
El legislador señaló que Endesa ganó bajo el gobierno de García una licitación para construir una planta de energía eléctrica en la norteña ciudad de Talara.
Consideró que tal dato lleva a pensar si los grandes ingresos que dice tener García por conferencias en el exterior, han sido pagados por empresas que se beneficiaron con contratos durante su administración.
"Si es así, esto parecería un pago de favores", agregó, a tiempo de señalar que la comisión examina minuciosamente los contratos y pagos por conferencias que el exgobernante muestra como parte de los ingresos con los que compró recientemente una residencia por 830 mil dólares.
Dijo que también se estudia si Garcia violó una ley que prohíbe a funcionarios que han tenido que ver con un contrato del Estado con empresas privadas, no puede trabajar con estas hasta un tiempo después de dejar el cargo,
Tejada señaló que las indagaciones de la llamada "megacomisión" -por la gran cantidad de casos que investiga- también indagará los cuantiosos ingresos que, para justificar la compra de la casa, declara García que recibe como sueldo de una universidad privada.
El expresidente dice recibir más de 26 mil dólares de salario mensual de la Universidad San Martín, de la que es rector y principal dueño Juan Chang, quien fue primer ministro y titular de Educación en su gobierno y con quien está estrechamente ligado.
El parlamentario confirmó también que otro cercano colaborador de García, Hernán Garrido-Lecca, quien también fue su ministro, recibió unos 146 mil dólares por una extraña consultoría sobre agua potable en Guinea, pagada por la empresa israelí Global CST.
Bajo el gobierno de García, la empresa, ligada a las fuerzas armadas de Israel, cobró en forma irregular más de 16 millones de dólares por asesorar al ejército y entrenar tropas contrainsurgentes, lo que no cumplió.
La Contraloría reveló la ilegalidad en una denuncia a los militares y funcionarios responsables del cuestionado contrato, auspiciado por Garrido Leca, según fuentes de prensa.
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